Comentábamos en artículos anteriores que, tras haberse
celebrado las vistas para solucionar el problema del arriendo de la plaza de
toros de Zaragoza, no se tardaría mucho tiempo en conocer las sentencias; pues
bien, una de ellas se ha hecho pública recientemente.
Se trata de la emitida por la Señora Jueza del
Juzgado nº 21 de Zaragoza sobre “la resolución de contrato de arrendamiento de
la plaza de la capital aragonesa” tras la demanda que puso la Diputación
Provincial contra la empresa Serolo por el impago del canon de parte del año
2012 y todo el 2013, así como del 20% de los ingresos por espectáculos no
taurinos realizados.
Un año justo ha durado el procedimiento que se ha consumado en cuatro folios escasos, en los cuales,
la Sra Jueza, Doña Amalia de la Santísima Trinidad Sanz y Franco, expone que la Diputación reclama 572.911,84 euros en rentas
adeudadas, mientras que Serolo dice lo ya sabido sobre incumplimientos de la
arrendataria en cuanto a plazo de entrega del coso y número de localidades
reales aptas para la venta.
Ante ello la Sra. Jueza, Doña Amalia, dice que no ha entrado a juzgar
los posibles incumplimientos de la Diputación por ser objeto de otra demanda en
distinto Juzgado e invadiría competencias, por lo que ha tratado solo el
arriendo del coso en sí mismo, aceptando plenamente las tesis de la Diputación
declarando “resuelto el contrato de arrendamiento que ligaba a las partes por
falta de pago de las rentas estipuladas, condenando, asimismo a Serolo al pago
de las rentas que adeuda”.
Así pues, la empresa arrendadora debe desalojar la
plaza y ponerla a disposición de la Diputación con apercibimiento de
lanzamiento o desalojo en caso de no hacerlo. Además pagará los 572.911,84
euros más los que se pudieran generar hasta el momento del lanzamiento y se le
condena, además, a costas. Por el contrario, Serolo tiene 20 días para
interponer recurso de apelación si está al corriente de pago de la deuda.
Como se ve, la sentencia solo le dice a Serolo que pague lo que debe. Ni más ni menos, pero genera la duda sobre si ésta querrá o podrá pagar la deuda y si
interpondrá o no recurso de apelación. Lo que está claro es que esta sentencia
marca un antes y un después en la gestión de la plaza de toros de Zaragoza y
ahora deberá ser la Diputación la que dé los pasos firmes y necesarios para
reconducir la situación y generar ilusión en la sufrida afición aragonesa y más cuando en 2014 se cumple el 250 aniversario de su construcción. Aunque nosotros somos como somos y si no, al tiempo.
Sobre la empresa, la Justicia ha emitido su parecer y la sentencia del 26 de diciembre pasado la califica. Se irá y otra vendrá, pero muchos profesionales aragoneses que han prestado sus servicios en administración, oficinas, taquillas y menesteres varios, se tendrán que ver en situaciones que no se merecen. Esperemos que sean reabsorbidos en la nueva gestora.
