La Diputación Provincial de Zaragoza, propietaria de la plaza de toros de La Misericordia, instó ayer mediante un decreto de presidencia a la todavía empresa arrendataria del coso, Servicios Taurinos Serolo, a que se abstuviera de vender abonos para la temporada 2013 cuyo periodo de renovación se abrió este jueves.
Dicha decisión viene promovida por el informe que los servicios técnicos proporcionaron al área jurídica de la diputación a instancias de su presidencia, en la que se constata manifiesta irregularidad al no corresponder la cartelería ni en cuanto a la programación (divide a su antojo y sin consulta previa el primer ciclo en dos mitades), ni en cuanto a ganaderías ni, por supuesto, toreros.
Dicho decreto lleva aparejada la obligación del rediseño de los carteles y que éstos sean, si procede, aprobados de acuerdo con el articualdo del contrato en vigor.
Servicios Taurinos Serolo, en una insólita iniciativa procedimental desconocida hasta ahora, decidió presentar a primera hora del pasado miércoles en el Registro del palacio provincial un documento con el contenido de los carteles referentes a la que denominó primera parte del primer ciclo de la temporada. Solo dos horas más tarde, a mediodía, habían sido difundidos mediante una fría comunicación vía internet, sin comparecencia pública alguna e ignorando el preceptivo dictamen de la DPZ.
El enrevesado conflicto en el que anda enmarañada la gestión de Serolo en Zaragoza tiene como origen la demanda por desahucio que DPZ promovió como consecuencia del impago de cantidades por el arriendo del pasado año y cuya vista oral debiera haberse producido hoy pero cuya celebración ha decidido aplazar el juzgado, según notificación recibida en la institución en la mañana de ayer.
Por ello, en el referido decreto de presidencia se incluye además el mandato de la redacción de las correspondientes alegaciones a la providencia remitida desde el juzgado.
Además de ésta, la empresa Serolo acumula otra demanda más por daños y perjuicios y queda pendiente todavía la auditoría de cumplimiento del contrato de 2012 que podría acarrearle un importante número de penalidades. Por si fuera poco, en Magistratura de Trabajo tiene además tres reclamaciones de trabajadores fijos discontinuos de la plaza.
A su vez, Serolo tiene interpuesta una demanda contra DPZ alegando que las cantidades del canon correspondientes a los tres primeros meses de 2012 (hasta el día de la firma del contrato) debían restarse del total y otra por la solicitud de la eliminación de devengos por las cantidades correspondientes a asientos que estima no vendibles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario